Mexico - Costa Rica Tax Treaty

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

PODER EJECUTIVO

EXPEDIENTE N.º 19.449

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DGPE-DT/190-14

PROYECTO DE LEY APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Expediente N.° 19.449 ASAMBLEA LEGISLATIVA: La globalización y expansión de las inversiones internacionales han generado grandes beneficios mundiales tanto para las empresas como para los inversionistas, trabajadores y demás sujetos que participan en los diversos procesos de comercialización. La globalización económica también ha ocasionado una importante interdependencia de las economías de los países que se traduce en el desarrollo de intercambios de bienes y servicios, así como en el flujo de capitales, tecnologías, servicios, personas, entre otras. Estos intercambios representan la generación de ingresos y ganancias de gran importancia para los actores involucrados en los distintos procesos productivos, los cuales deberán ser gravados según corresponda de acuerdo con los sistemas tributarios de las jurisdicciones respectivas. La potestad de gravar este flujo de bienes y servicios que se realiza a nivel internacional es uno de los principales temas en materia de fiscalidad internacional, pues así como se producen importantes sumas de dinero que resultan gravables, también se trata de un ámbito en el cual se dan casos de elusión y evasión fiscal transfronteriza. En relación con lo anterior, cabe recordar que cada Estado tiene la potestad de crear normas para regular las relaciones establecidas dentro de su territorio nacional. De esta manifestación de soberanía deriva el poder tributario del Estado que implica que este se encuentra facultado para imponer obligaciones tributarias para obtener los recursos requeridos para solventar las necesidades públicas. Estas obligaciones tributarias deben ser cumplidas por los contribuyentes, quienes tienen el deber constitucional de contribuir con las cargas públicas. La potestad tributaria que ejerce cada Estado no es ilimitada, sino que más bien se encuentra limitada según la posibilidad que existe de que las leyes de determinado Estado regulen hechos realizados total o parcialmente fuera del territorio nacional. Para efectos de cumplir efectivamente con la limitación descrita previamente, se han definido ciertos criterios de sujeción que se refieren a los elementos para que una renta o un sujeto estén afectos a un determinado sistema tributario. Así, cada Estado gravará lo que considere que corresponde a cada

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contribuyente según se siga el criterio de sujeción en la fuente (principio de territorialidad) o el criterio de sujeción universal (principio de renta mundial). Esta limitación de la aplicación de la ley tributaria en el espacio resulta de gran relevancia para aquellas situaciones en que se dan conflictos en cuanto a la aplicación de dos o más poderes tributarios de distintas jurisdicciones, tal y como es el caso del fenómeno de la doble imposición. En la práctica, las actividades desarrolladas por los particulares y el respectivo flujo de capitales que se origina como consecuencia de estos movimientos puede generar situaciones de doble imposición, en las cuales varios Estados pretenden gravar la misma riqueza obtenida por el contribuyente. En términos generales, la doble imposición puede entenderse como aquel fenómeno internacional que surge a raíz de la aplicación de impuestos similares en dos o más Estados a un mismo contribuyente y en relación con la misma materia imponible y por el mismo período de tiempo. Al mismo tiempo, si los Estados no cuentan con regulaciones en que se establezcan métodos determinados para referirse a los problemas causados por la doble imposición, puede también darse el fenómeno de la doble no imposición, según el cual lo que sucede es que ninguna de las dos jurisdicciones grava al contribuyente sobre los ingresos percibidos por el desarrollo de sus actividades. El tema de la doble imposición ha sido ampliamente desarrollado a nivel internacional, principalmente por importantes organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las cuales han emitido sus respectivos modelos de convenios tributarios. Estos modelos proporcionan guías y lineamientos para que los Estados lleven a cabo las negociaciones de acuerdos para evitar la doble imposición con base en reglas uniformes y justas, independientemente de las particularidades de cada uno de los sistemas tributarios. Al respecto, por parte de la OCDE se ha afirmado lo siguiente: “2. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos vienen reconociendo desde hace décadas la conveniencia de aclarar, normalizar y garantizar la situación fiscal de los contribuyentes que efectúen operaciones comerciales, industriales, financieras o de otra naturaleza en otros países mediante la aplicación, por todos ellos, de soluciones comunes en idénticos supuestos de doble imposición. 3. Este es el objeto principal del Modelo de Convenio tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio, que ofrece los medios para resolver, sobre una base uniforme, los problemas que se plantean con mayor frecuencia en el campo de la doble imposición jurídica.”1

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Las soluciones que se proponen a través de los modelos de convenios tributarios no buscan privilegiar a ninguna jurisdicción en específico, sino que más bien buscan que las relaciones internacionales se den en un marco libre de discriminación, sin importar la cantidad de recursos que posea cada Estado ni el criterio de sujeción que se siga. Asimismo, su enfoque no va dirigido únicamente a la eliminación de la doble imposición, sino que sus disposiciones fueron desarrolladas con la intención de prevenir la evasión fiscal como problema de carácter global y lograr que el tratamiento tributario que reciban los contribuyentes no corresponda a reglas aisladas establecidas por un determinado sistema tributario sin tomar en cuenta la vinculación con los demás sistemas tributarios de las demás jurisdicciones existentes alrededor del mundo. Por otra parte, es importante resaltar que dentro de la naturaleza de los tratados para evitar la doble imposición se encuentra implícito el principio de “no tributación menor a la correspondiente”, conocido internacionalmente como no less than single taxation. De conformidad con este principio, los tratados de este tipo no pueden ni deben implicar beneficios tales que los contribuyentes tributen menos de lo que les correspondería en condiciones normales en determinada jurisdicción, es decir, sin aplicarse las disposiciones del tratado bilateral. Se debe pagar el impuesto total correspondiente en alguna de las dos jurisdicciones, no más, ni menos. En otros términos, la negociación y suscripción de tratados para evitar la doble imposición lo que procura es fijar condiciones propicias para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de la manera más justa posible, de modo que no tengan que acudir a métodos elusivos ni mucho menos evasivos que representen un perjuicio para el Fisco. Los beneficios de este tipo de acuerdos internacionales, por medio de los cuales se disponen las reglas específicas para la repartición de la tributación de las rentas contempladas en el texto del convenio, pueden ser percibidos tanto por países con un criterio de renta mundial, como por aquellos que siguen el criterio de renta territorial, tal y como es el caso de Costa Rica. En el caso de los países como Costa Rica que siguen un criterio de sujeción en la fuente, lo que interesa a la hora de gravar a los contribuyentes es el desarrollo de actividades lucrativas de fuente costarricense, las cuales generarán obligaciones tributarias pagaderas en el territorio sobre el cual el Estado ejerce su jurisdicción y, en consecuencia, su potestad tributaria.

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2011). Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio. Instituto de Estudios Fiscales (IEF). Madrid, España. p. 7.

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Justamente, esta posibilidad de gravar a los contribuyentes con base en sus ingresos de fuente costarricense es lo que puede entrar en conflicto con la potestad tributaria de aquellos Estados que gravan a sus contribuyentes con base en el criterio de residencia, los cuales pueden considerar como gravables ingresos que a la vez son considerados como gravables por el Estado de la fuente, surgiendo así un potencial conflicto por doble imposición. Consecuentemente, la necesidad de suscribir convenios internacionales para evitar la doble imposición resulta evidente y de gran utilidad tanto para jurisdicciones que siguen el principio de territorialidad como para aquellos que aplican el principio de renta mundial. Por su parte, la exjefa de Negociación de Tratados de Australia, Ariane Pickering, en una publicación efectuada por la ONU, señala que las situaciones de doble imposición que surgen entre el país que grava en la fuente y el que lo hace con base en la residencia se aborda en los convenios tributarios a través de la asignación de los derechos exclusivos de imposición sobre la renta o el capital a uno de los países socios del tratado, o, si se permite la imposición en ambos países en el marco del tratado, se requiere que el país de residencia proporcione mecanismos para alivianar la carga impuesta por el país de la fuente.2 Adicionalmente, no puede dejarse de lado el hecho de que aunque la suscripción de tratados de este tipo podría representar una disminución en las rentas percibidas por el Estado de la fuente frente al Estado de la residencia, las eventuales pérdidas se verán aminoradas por la atracción de mayor inversión extranjera, la cual conlleva a la generación de empleo en dicho país. Este claramente es otro de los beneficios que derivan de la firma de tratados para evitar la doble imposición. En este sentido, la atracción de inversión extranjera es en definitiva una de las mayores razones por las cuales países en vías de desarrollo como Costa Rica suscriben tratados internacionales para evitar la doble imposición, pues a partir de los mismos se brindan regulaciones claras y mayor seguridad jurídica y certeza a los inversionistas interesados en desarrollar sus negocios en el país. Aunado a lo anterior, en el ámbito internacional, la suscripción de convenios para evitar la doble imposición es considerada como símbolo de ausencia de prácticas tributarias nocivas y de compromiso con el cumplimiento de los estándares fiscales internacionalmente aceptados. Conviene recordar que Costa Rica se comprometió a cumplir con los “estándares fiscales internacionalmente aceptados”, los cuales fueron desarrollados por países miembros y no miembros de la OCDE y adoptados por el G-20. Tanto la OCDE como otros organismos internacionales, tal y como es el 2 Pickering, A. (2013). Why Negotiate Tax Treaties. Paper No. 1-N. Recuperado de: http://www.un.org/esa/ffd/tax/2013TMTTAN/Paper1N_Pickering.pdf

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caso de la ONU, han hecho un esfuerzo importante para mitigar los efectos de la competencia fiscal perjudicial y favorecer la transparencia fiscal internacional. Desde el año de 1998, la OCDE emitió un reporte sobre las prácticas nocivas derivadas de la competencia entre los países con base en sus regímenes fiscales (OECD Harmful Tax Competition Report), en virtud del cual se creó el Foro sobre Prácticas Nocivas Fiscales (Forum on Harmful Tax Practices). Con base en estas iniciativas, la OCDE estableció una serie de medidas a efectos de combatir regímenes fiscales preferenciales y estableció una lista de jurisdicciones, incluyendo a Costa Rica, que cumplían con los criterios para ser considerados “Paraísos Fiscales No Cooperadores” (Uncooperative Tax Havens). Costa Rica fue identificada en el 2009 como uno de estos paraísos fiscales, razón por la cual en ese mismo año el Ministerio de Hacienda se comprometió a cumplir con los estándares fiscales previamente mencionados. En virtud de esto, se identificó al país como parte de las “jurisdicciones comprometidas a implementar los estándares fiscales internacionalmente aceptados pero que no han sido implementados sustancialmente”, que es la llamada “lista gris”. El estándar que estableció la OCDE para efectos de considerar que un país ha implementado sustancialmente dichas políticas es el de haber suscrito acuerdos de intercambio de información y/o convenios para evitar la doble tributación con al menos 12 jurisdicciones que contemplen los principios establecidos en los Modelos de Convenios de la OCDE, esto en lo concerniente al intercambio de información. En definitiva, lo que se pretende es que Costa Rica se adhiera a esta nueva era de transparencia fiscal internacional, de la misma forma como lo han hecho otros países, tal y como es el caso de Suiza, Singapur, Chile, Bélgica, Austria, entre otros, para lo cual se requiere que el país cuente con los instrumentos para garantizar un manejo adecuado de las situaciones de doble imposición y para llevar a cabo un efectivo intercambio de información ante un requerimiento de otro Estado y en relación con cualquier asunto de naturaleza fiscal, sin restricción alguna derivada de un interés nacional. En los últimos años, la labor de la Asamblea Legislativa en relación con el cumplimiento de este compromiso internacional ha sido trascendental. A la fecha, de los 17 acuerdos de intercambio de información en materia tributaria que han sido suscritos por Costa Rica, 14 han sido debidamente aprobados y en el año 2011 se aprobó el Convenio entre la República de Costa Rica y el Reino de España para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, siendo este convenio el único de su clase que se encuentra vigente. Aunado a lo anterior, a inicios del año 2013 se aprobó la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Ley N.° 9118, de 7 de febrero de 2013), la cual contempla el intercambio de información, la asistencia en el cobro y la notificación o traslado de documentos, todo esto entre los países miembros.

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Si bien es cierto ya el país firmó los 12 acuerdos de intercambio de información requeridos, el compromiso de formar parte de la red de jurisdicciones que pueden intercambiar información se mantiene, razón por la cual se continuará con la firma de acuerdos que permitan compartir información de relevancia tributaria para combatir la evasión y el fraude. La importancia de estos acuerdos se realza a partir del 28 de setiembre de 2012, fecha en que entró en vigencia la Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal, ya que con dicha ley se suprime el impedimento legal para compartir información bancaria con otras jurisdicciones que lo requieran. Asimismo, resulta relevante continuar con la suscripción y aprobación de acuerdos para evitar la doble imposición, pues estos también representan un referente importante en materia de fiscalidad internacional y de transparencia fiscal. Gracias a los esfuerzos indicados anteriormente, el país dejó de formar parte de estas listas perjudiciales, no obstante, debe continuar avanzando en la misma línea que ha venido siguiendo, lo que implica que se deben ratificar tanto los acuerdos de intercambio de información como aquellos que pretenden eliminar la doble imposición, pues es importante contar con una red de tratados que sea sólida y que demuestre el compromiso costarricense con otras jurisdicciones, para así evitar el riesgo de regresar a alguna de esas listas. Dentro de este orden de ideas, la República de Costa Rica ha suscrito el presente Acuerdo, en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, el 12 de abril de 2014, firmando en representación de nuestro país, el señor Edgar Ayales Esna, ministro de Hacienda, con plenos poderes para tal efecto. Este Acuerdo se refiere a los problemas de doble imposición que puedan originarse como consecuencia del cobro de impuestos sobre la renta, de modo que, para efectos nacionales, el presente instrumento jurídico internacional solo resulta aplicable para los impuestos de este tipo. Los primeros artículos del Acuerdo se refieren a las personas e impuestos comprendidos, así como a las definiciones y demás generalidades requeridas para su debida aplicación e interpretación por parte de los Estados, tal y como es el caso del artículo 4 que detalla lo que se entenderá por “residente” y el numeral 5 que se refiere a lo que se considera, para efectos del Convenio, como “establecimiento permanente”. A partir del artículo 7 y hasta el artículo 21 se establecen las reglas pactadas entre los Estados en cuanto a la repartición de rentas producidas por concepto de dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, prestación de servicios personales dependientes e independientes, rentas obtenidas por artistas y deportistas y pensiones, entre otros. El artículo 22 resulta de gran importancia en el tanto determina el procedimiento que se debe seguir para aliviar las situaciones de doble imposición que puedan surgir en relación con un contribuyente. Así, por ejemplo, para efectos de aquellos sujetos que sean residentes de la República de Costa Rica y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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que reciban rentas provenientes de los Estados Unidos Mexicanos que sean sometidas a imposición en este segundo Estado, podrán aplicar el método de deducción con respecto a dichas rentas por un monto igual al impuesto sobre la renta pagado en México. En este caso, dicha deducción no podrá exceder la porción del impuesto costarricense calculado antes de la deducción. Aparte de las disposiciones relacionadas con la distribución de las rentas obtenidas por los contribuyentes, el presente Acuerdo contempla una serie de disposiciones especiales que se refieren a temas como la eliminación de la discriminación tributaria en determinadas circunstancias (artículo 23), el establecimiento de un procedimiento de mutuo acuerdo para eliminar la doble imposición y resolver conflictos de interpretación del Acuerdo (artículo 25), el intercambio de información entre las autoridades fiscales de los Estados contratantes (artículo 26) y el tratamiento fiscal de los miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares (artículo 30). Cabe destacar que este Acuerdo cuenta con una cláusula de limitación de beneficios (artículo 24), la cual resulta de gran utilidad para efectos de la aplicación práctica del tratado y pretende prevenir el uso abusivo del Acuerdo por parte de los contribuyentes que puedan aplicarse sus disposiciones. En definitiva, este tipo de instrumentos internacionales es un medio no solo para la solución técnico-tributaria al fenómeno de la doble imposición internacional y para fomentar una fiscalidad neutral, sino que también contemplan una serie de consecuencias y efectos positivos de índole jurídica, económica, técnica y política. Como se deriva de la síntesis del convenio hecha en párrafos anteriores, este acuerdo tiene como principal función el proporcionar reglas claras para la eliminación de situaciones de doble imposición, las cuales definirán los métodos y procedimientos a seguir independientemente de que estos se encuentren descritos previamente en la legislación interna de cada uno de los Estados. Sin embargo, cabe destacar que las demás disposiciones que contiene el convenio también son sumamente relevantes para el país, pues permiten mejorar el acceso a la información de relevancia tributaria y las relaciones entre administraciones tributarias competentes. En este sentido, se trata de mecanismos para intercambiar la información que las partes necesitan para la mejor gestión de sus sistemas tributarios y la lucha contra el fraude y que vienen a reforzar lo dispuesto por medio del Acuerdo con los Estados Unidos Mexicanos sobre el intercambio de información en materia tributaria (Ley N.° 9033, de 19 de abril de 2012). Tampoco puede dejarse de lado que los convenios para evitar la doble imposición potencian las relaciones económicas y políticas entre las jurisdicciones firmantes, pues, tal y como se señaló anteriormente, brindan una mayor seguridad jurídica a las empresas extranjeras interesadas en invertir en alguno de los países. Los acuerdos de este tipo brindan una serie de reglas y disposiciones normativas DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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que permiten a los inversionistas extranjeros conocer con claridad las reglas con base en las cuales tendrán que tributar sobre sus ganancias, de modo que tendrán mayor certeza a la hora de invertir sus capitales. Por último, resulta necesario recalcar que las disposiciones que contempla el Acuerdo son acordes con el esfuerzo que ha venido haciendo Costa Rica en los últimos años por cumplir con el estándar de transparencia fiscal y con las actuaciones recientes relacionadas con el inicio de un proceso de accesión a la OCDE, las cuales implican un compromiso manifiesto con el intercambio efectivo de información de relevancia tributaria y con la asistencia administrativa mutua entre jurisdicciones, lo cual permite el fortalecimiento de las relaciones entre autoridades competentes y la lucha coordinada en contra de la evasión y elusión fiscal. En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley adjunto relativo a la Aprobación del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, para su respectiva aprobación legislativa. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO ÚNICO.Apruébese en cada una de sus partes el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado por la República de Costa Rica, en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos de América, el doce de abril de dos mil catorce, cuyo texto es el siguiente:

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“ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, en adelante denominados “Estados Contratantes”; Deseando fortalecer su relación económica así como incrementar la cooperación en materia tributaria con la finalidad de asegurar una efectiva prevención de la evasión y la elusión fiscal; Con la intención de asignar sus respectivos derechos de gravamen de tal forma que se evite la doble imposición así como la doble no imposición; Han acordado lo siguiente: ARTÍCULO 1 PERSONAS COMPRENDIDAS El presente Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. ARTÍCULO 2 IMPUESTOS COMPRENDIDOS 1.

El presente Acuerdo se aplica a los Impuestos sobre la Renta exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de exacción.

Se consideran Impuestos sobre la Renta los que gravan la totalidad de la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles e inmuebles.

Los impuestos actuales a los que se aplica este Acuerdo son, en particular:

a)

en Costa Rica: los impuestos sobre la renta; y

b)

en México: el impuesto sobre la renta federal.

El Acuerdo se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

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ARTÍCULO 3 DEFINICIONES GENERALES 1.

A los efectos del presente Acuerdo, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente: a)

el término “Costa Rica” para efectos territoriales significa: el territorio, el espacio aéreo y las áreas marítimas, incluyendo el subsuelo y el fondo marino adyacente al límite exterior del mar territorial, sobre el cual Costa Rica ejerce o puede ejercer, derechos soberanos, de acuerdo con la legislación internacional y su derecho interno, con respecto a los recursos naturales de estas áreas;

b)

el término "México" significa los Estados Unidos Mexicanos; empleado en un sentido geográfico, significa el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, comprendiendo las partes integrantes de la Federación; las islas, incluyendo los arrecifes y los cayos en los mares adyacentes; las islas de Guadalupe y de Revillagigedo, la plataforma continental y el fondo marino y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares territoriales y las marítimas interiores y más allá de las mismas, las áreas sobre las cuales, de conformidad con el derecho internacional, México puede ejercer derechos soberanos de exploración y explotación de los recursos naturales del fondo marino, subsuelo y las aguas suprayacentes, y el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, en la extensión y bajo las condiciones establecidas por el derecho internacional;

c)

las expresiones “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante” significan México o Costa Rica según el contexto;

d)

el término “persona” comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;

e)

el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;

f)

las expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado Contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;

g)

la expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por un residente de un Estado Contratante, salvo cuando el buque o aeronave sea explotado únicamente entre puntos situados en el otro Estado Contratante;

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h)

ii.

en Costa Rica: El Director General de Tributación o un representante autorizado; y en México: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

el término “nacional”, en relación con un Estado Contratante, designa a: i. ii.

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la expresión “autoridad competente” significa: i.

i)

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toda persona física que posea la nacionalidad o ciudadanía de este Estado Contratante; y toda persona jurídica o agrupación de personas constituida conforme a la legislación vigente en este Estado Contratante.

Para la aplicación del Acuerdo por un Estado Contratante en un momento determinado, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Acuerdo, prevaleciendo el significado atribuido por esa legislación fiscal sobre el que resultaría de otras Leyes de ese Estado. ARTÍCULO 4 RESIDENTE

A los efectos de este Acuerdo, la expresión “residente de un Estado Contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.

Cuando, en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera: a)

dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

b)

si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado donde viva habitualmente;

c)

si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;

d)

si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver mediante acuerdo mutuo la cuestión, teniendo en consideración el domicilio, la residencia, la sede de dirección efectiva de la sociedad, el lugar en el que esté constituida o de otra manera establecida y cualquier otro factor importante. ARTÍCULO 5 ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

A efectos del presente Acuerdo, la expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial: a) b) c) d) e) f)

las sedes de dirección o de administración; las sucursales; las oficinas; las fábricas; los talleres; y las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de exploración y/o explotación de recursos naturales.

Una obra, proyecto de construcción o proyecto de instalación o montaje o actividades de inspección relacionadas con ellos, pero solo cuando la duración de tales obras, proyectos o actividades exceda de seis (6) meses. Para efectos del cómputo del plazo a que se refiere este párrafo, las actividades realizadas por una empresa asociada con otra empresa en términos de lo establecido en el Artículo 9, deberán ser consideradas conjuntamente con el periodo durante el cual las actividades son realizadas por la empresa asociada, siempre que las actividades de ambas empresas sean idénticas o similares. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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No obstante las disposiciones anteriores de este Artículo, se considera que la expresión “establecimiento permanente” no incluye: a)

la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;

b)

el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas o exponerlas;

c)

el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;

d)

el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa;

e)

el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio.

No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2, cuando una persona, a menos que se trate de un representante independiente al que se aplique el párrafo 7, actúe en un Estado Contratante en nombre de una empresa del otro Estado Contratante, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en el primer Estado Contratante con respecto a cualesquiera actividades que esa persona emprenda para la empresa, si esa persona: a)

tiene y habitualmente ejerce en ese Estado poderes para concertar contratos en nombre de la empresa, a no ser que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el párrafo 4 que, si se ejercieran por medio de un lugar fijo de negocios, no harían de ese lugar fijo de negocios un establecimiento permanente en virtud de las disposiciones de dicho párrafo; o

b)

no tiene esos poderes pero mantiene habitualmente en el primer Estado existencias de bienes o mercancías que utiliza para entregar regularmente bienes o mercancías por cuenta de la empresa.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este Artículo, se considerará que excepto con relación al reaseguro, una empresa de seguros de un Estado Contratante tiene un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante si recauda primas en el territorio de ese otro Estado o asegura riesgos situados en él a través de una persona distinta de un agente independiente al que se le aplique el párrafo 7. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades empresariales en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad y en sus relaciones comerciales o financieras con la empresa, las condiciones no difieren de aquellas generalmente acordadas por agentes independientes.

El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante o que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra. ARTÍCULO 6 RENTAS PROCEDENTES DE BIENES INMUEBLES

Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los accesorios de bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a la propiedad inmueble, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la exploración y/o explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques, embarcaciones y aeronaves no tendrán la consideración de propiedad inmueble.

Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de exploración y/o explotación de los bienes inmuebles.

Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de servicios personales independientes.

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ARTÍCULO 7 BENEFICIOS EMPRESARIALES 1.

Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante podrán someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice actividades empresariales en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza actividades empresariales de dicha manera, los beneficios podrán ser gravados en el otro Estado, pero solamente en la parte atribuible a: a)

ese establecimiento permanente; o

b)

las ventas en ese otro Estado de bienes o mercancías, así como a otras actividades comerciales de tipo idéntico o similar al de las vendidas o efectuadas por medio de ese establecimiento permanente.

Sin embargo, los beneficios obtenidos de las ventas descritas en el inciso b), no serán sometidos a imposición en el otro Estado Contratante si la empresa demuestra que dichas ventas han sido realizadas por razones distintas a las de obtener un beneficio del presente Acuerdo. 2.

Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice actividad empresarial en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán al establecimiento permanente los beneficios que éste obtendría si fuese una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones.

Para determinar el beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados para la realización de las actividades del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte. Sin embargo, no serán deducibles los pagos que efectúe, en su caso, el establecimiento permanente (que no sean los hechos por concepto de reembolso de gastos efectivos) a la oficina central de la empresa o a alguna de sus otras sucursales, a título de regalías, honorarios o pagos análogos a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, o a título de comisión, por servicios concretos prestados o por gestiones hechas o, salvo en el caso de una empresa bancaria, a título de intereses sobre dinero prestado al establecimiento permanente.

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Tampoco se tendrán en cuenta, para determinar los beneficios de un establecimiento permanente, las cantidades que cobre ese establecimiento permanente (por conceptos que no sean reembolso de gastos efectivos) a la oficina central de la empresa o a alguna de sus otras sucursales, a título de regalías, honorarios o pagos análogos a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, o a título de comisión por servicios concretos prestados o por gestiones hechas o, salvo en el caso de una empresa bancaria, a título de intereses sobre el dinero prestado a la oficina central de la empresa o a alguna de sus otras sucursales. 4.

Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, nada de lo establecido en el párrafo 2 impedirá que este Estado Contratante determine los beneficios imponibles mediante dicho reparto mientras sea usual; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea acorde con los principios contenidos en el presente Artículo.

No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por la simple compra de bienes o mercancías de ese establecimiento permanente para la empresa.

A los efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.

Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros Artículos de este Acuerdo, las disposiciones de dichos Artículos no quedarán afectadas por las del presente Artículo. ARTÍCULO 8 NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA

Los beneficios que obtenga un residente de un Estado Contratante por la explotación de buques y aeronaves en tráfico internacional solo podrán someterse a imposición en ese Estado.

La disposición del párrafo anterior se aplicará también a los beneficios procedentes de la participación en un consorcio, una empresa mixta o una agencia internacional de explotación.

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ARTÍCULO 9 EMPRESAS ASOCIADAS 1.

Cuando a)

una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante; o

b)

las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante y, en uno y otro caso, las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado – y, en consecuencia, grave– los de una empresa del otro Estado que ya han sido gravados por este segundo Estado, y estos beneficios así incluidos son los que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario.

Las disposiciones del párrafo 2 no se aplicarán cuando, del resultado de actuaciones judiciales o administrativas o de actuaciones legales de otra índole, haya una decisión firme de que, en virtud de actos que den lugar a un ajuste de los beneficios con arreglo al párrafo 1, una de esas empresas podrá ser sancionada por fraude, negligencia grave o incumplimiento doloso. ARTÍCULO 10 DIVIDENDOS

Los dividendos, o cualquier otro beneficio asimilable a dividendos, pagados por un residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

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Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado; pero, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del: a)

5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas las agrupaciones de personas) que posea directamente al menos el 20 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;

b)

12 por ciento del importe bruto de los dividendos en los demás casos.

Las disposiciones del presente párrafo no afectan la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los cuales se paguen los dividendos. 3.

El término "dividendos", empleado en el presente Artículo, significa los rendimientos de las acciones, acciones de goce o derechos de goce, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como los ingresos de otros derechos corporativos y otros ingresos sujetos al mismo tratamiento fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado en que resida la sociedad que los distribuya.

Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza actividades empresariales en el otro Estado Contratante del que sea residente la sociedad que pague los dividendos, por medio de un establecimiento permanente situado en él, y la participación por la que se paguen los dividendos está vinculada efectivamente con ese establecimiento permanente o con las otras actividades comerciales de tipo idéntico o similar al de las efectuadas por medio de ese establecimiento permanente. En tal caso, se aplicarán las disposiciones del Artículo 7.

Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, ni tampoco someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.

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Nada de lo establecido en el presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir a un Estado Contratante someter a imposición las utilidades de una sociedad atribuibles a un establecimiento permanente en ese Estado, con un impuesto en adición al que se aplique a las utilidades de una sociedad que sea nacional de ese Estado, siempre que el impuesto adicional no exceda del 5 por ciento de las utilidades que no hayan sido sometidas al impuesto adicional en los años fiscales anteriores. Para los efectos de la presente disposición, el término “utilidades” significa los beneficios o rentas atribuibles a un establecimiento permanente o a bienes inmuebles en un Estado Contratante y toda ganancia que pueda ser sometida a imposición en ese Estado de acuerdo con lo previsto en el Artículo 13 de deducir todos los impuestos, del impuesto adicional a que se refiere este párrafo, exigidos en ese Estado sobre dichos beneficios, rentas o ganancias. ARTÍCULO 11 INTERESES

Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Sin embargo, dichos intereses podrán someterse también a imposición en el Estado Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses.

No obstante las disposiciones del párrafo 2, los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante solo podrán someterse a imposición en este otro Estado si el perceptor de los intereses es su beneficiario efectivo y: a)

el beneficiario efectivo es un Estado Contratante, una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales; o el Banco Central de un Estado Contratante;

b)

los intereses son pagados por cualquiera de las entidades mencionadas en el inciso a);

c)

los intereses proceden de Costa Rica y son pagados respecto de un préstamo por un periodo no menor a tres (3) años otorgado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C., Nacional Financiera, S. N. C., o el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., o por cualquier otra institución acordada por las autoridades competentes de los Estados Contratantes.

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El término "intereses" empleado en el presente Artículo, significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del deudor y, especialmente, las rentas de fondos públicos y bonos u obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a estos títulos, así como cualquier otra renta que se asimile a los rendimientos de las cantidades dadas en préstamo bajo la legislación del Estado Contratante de donde procedan las rentas. El término “intereses” no incluye a los ingresos considerados como dividendos de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 10. Las penalizaciones por mora en el pago serán tratadas de conformidad con la legislación de cada Estado Contratante.

Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza actividades empresariales en el otro Estado Contratante del que procedan los intereses, por medio de un establecimiento permanente situado en él y el crédito por el que se paguen los intereses está vinculado efectivamente con ese establecimiento permanente o con las otras actividades comerciales de tipo idéntico o similar al de las efectuadas por medio de ese establecimiento permanente. En tales casos se aplicarán las disposiciones del Artículo 7.

Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando la persona que paga los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos últimos son soportados por el citado establecimiento permanente, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado Contratante en que esté situado el establecimiento permanente.

Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo.

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ARTÍCULO 12 REGALÍAS 1.

Las regalías procedentes de un Estado Contratante y cuyo beneficiario efectivo es un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Sin embargo, estas regalías también podrán someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de las regalías.

El término "regalías" empleado en el presente Artículo significa los pagos de cualquier clase recibidos en consideración por: a)

el uso o la concesión de uso, de cualquier patente, marca comercial, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto;

b)

el uso o la concesión de uso, de cualquier equipo industrial, comercial o científico;

c)

el suministro de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas; o

d)

el uso o la concesión de uso, de cualquier derecho de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y películas o cintas para uso en relación con la televisión o radio.

No obstante lo dispuesto en el Artículo 13, el término “regalías” también incluye las ganancias obtenidas por la enajenación de cualquiera de dichos derechos o bienes que estén condicionados a la productividad, uso o posterior disposición de los mismos. 4.

Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario efectivo de las regalías residente en un Estado Contratante, realiza actividades empresariales en el otro Estado Contratante del que procedan las regalías, por medio de un establecimiento permanente situado en él, y el derecho o propiedad por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente o con las otras actividades comerciales de tipo idéntico o similar al de las efectuadas por medio de ese establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del Artículo 7.

Las regalías se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando la persona DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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que paga las regalías, sea o no residente en un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pagar las regalías y este establecimiento permanente soporte el pago de las mismas, las regalías se considerarán procedentes del Estado en que esté situado el establecimiento permanente. 6.

Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo. ARTÍCULO 13 GANANCIAS DE CAPITAL

Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el Artículo 6, situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, solo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones u otros derechos similares en una sociedad, cuyo valor se derive, directa o indirectamente, en más de un 50 por ciento de bienes inmuebles situados en un Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.

Las ganancias que no sean las enumeradas en el párrafo 4, percibidas por un residente de un Estado Contratante a raíz de la enajenación de las acciones, participaciones u otros derechos en el capital de una sociedad que sea residente del otro Estado Contratante, podrán gravarse en ese otro Estado si el enajenante, en cualquier momento durante el período de doce DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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(12) meses anteriores a dicha enajenación, tuvo una participación directa o indirecta de al menos el 25 por ciento en el capital de esa sociedad. 6.

Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los párrafos anteriores, pueden someterse a imposición solo en el Estado Contratante en que resida quien enajena. ARTÍCULO 14 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

Las rentas obtenidas por una persona residente de un Estado Contratante con respecto a servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente llevadas a cabo en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este último Estado, pero el impuesto exigible no excederá del 10 por ciento del monto bruto percibido por dichos servicios o actividades.

La expresión “servicios personales” incluye, entre otras, las actividades independientes, científicas, literarias, artísticas, de educación o enseñanza, así como también las actividades independientes de profesionales tales como médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores. ARTÍCULO 15 RENTA DEL TRABAJO DEPENDIENTE

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 17, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante en razón de un trabajo dependiente solo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro Estado Contratante. Si el trabajo dependiente se desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en él.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante en razón de un trabajo dependiente realizado en el otro Estado Contratante solo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si: a)

el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda, en conjunto, de ciento ochenta y tres (183) días en cualquier período de doce (12) meses que comience o termine en el año fiscal considerado, y

b)

las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que sea residente del primer Estado, y

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c) 3.

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las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro Estado.

No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional, podrán someterse a imposición en el Estado Contratante del que sea residente la empresa. ARTÍCULO 16 REMUNERACIONES EN CALIDAD DE CONSEJERO

Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un directorio, consejo de administración o de vigilancia, administrador único o comisario de una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. ARTÍCULO 17 ARTISTAS Y DEPORTISTAS 1.

No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión o músico o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista. ARTÍCULO 18 PENSIONES

Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 19, las pensiones y otras remuneraciones análogas pagadas por un empleo anterior a un residente de un Estado Contratante podrán gravarse en ese Estado.

No obstante las disposiciones del párrafo anterior, las pensiones y otros pagos hechos en virtud de un programa oficial de pensiones que sea parte del sistema de seguridad social de un Estado Contratante o de una subdivisión política o de una administración local de éste se gravarán solo en ese Estado.

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ARTÍCULO 19 SERVICIOS OFICIALES 1.

a) Los sueldos, salarios y remuneraciones similares, distintos de las pensiones, pagados por un Estado Contratante, una subdivisión política o una administración local de éste a una persona física por servicios prestados a ese Estado, subdivisión política o una administración o entidad local solo serán gravables en ese Estado. b) No obstante, esos sueldos, salarios y remuneraciones similares solo serán gravables en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física es un residente de ese Estado que: i. ii.

sea nacional de ese Estado; o no se haya convertido en residente de ese Estado con el único fin de prestar tales servicios.

a) No obstante las disposiciones del párrafo 1, las pensiones u otras remuneraciones similares pagadas por un Estado Contratante o una subdivisión política o una administración o entidad local de éste o con cargo a fondo creados por ellos, a una persona física por servicios prestados en ese Estado, subdivisión política o una administración o entidad local solo serán gravables en ese Estado. b) No obstante, esas pensiones, sueldos, salarios u otras remuneraciones similares solo serán gravables en el otro Estado Contratante si la persona física es residente y nacional de ese Estado.

Las disposiciones de los Artículos 15, 16, 17 y 18 se aplicarán a los sueldos, salarios y remuneraciones similares y a las pensiones por servicios prestados en relación con una actividad empresarial realizada por un Estado Contratante o una subdivisión política o una administración o entidad local de éste. ARTÍCULO 20 ESTUDIANTES

Los pagos que un estudiante, pasante o aprendiz de negocios que sea o fuera inmediatamente antes de visitar un Estado Contratante residente del otro Estado Contratante y que se halle en el primer Estado Contratante con el solo fin de educarse o formarse reciba para su sostenimiento, educación o formación no serán gravados en ese Estado, siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

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ARTÍCULO 21 OTROS INGRESOS 1.

Los elementos de la renta de un residente de un Estado Contratante, sea cual fuere el lugar en que se generen, que no se traten en los Artículos anteriores solo serán gravables en ese Estado.

Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplicará a las rentas distintas de los ingresos procedentes de los bienes inmuebles, tal como se definen en el párrafo 2 del Artículo 6, si el beneficiario de tales rentas es residente de un Estado Contratante, realiza actividades empresariales en el otro Estado Contratante por conducto de un establecimiento permanente situado en él o presta en ese otro Estado servicios personales independientes desde un establecimiento permanente situado en él y el derecho o propiedad por el que se pague la renta está vinculado efectivamente con ese establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del Artículo 7.

No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, los elementos de la renta de un residente de un Estado Contratante que no se traten en los Artículos anteriores y se generen en el otro Estado Contratante podrán ser gravados también en ese otro Estado. ARTÍCULO 22 MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Cuando un residente de Costa Rica obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones del presente Acuerdo, pueden someterse a imposición en México, Costa Rica admitirá la deducción en el impuesto sobre la renta de ese residente de un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en México. Dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas que pueden someterse a imposición en Costa Rica.

Con arreglo a las disposiciones y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la legislación de México, conforme a las modificaciones ocasionales de esta legislación que no afecten sus principios generales, México permitirá a sus residentes acreditar contra el impuesto mexicano: a)

el impuesto costarricense pagado por ingresos provenientes de Costa Rica, en una cantidad que no exceda del impuesto exigible en México sobre dichos ingresos; y

b)

en el caso de una sociedad que detente al menos el 10 por ciento del capital de una sociedad residente de Costa Rica y de la cual la sociedad mencionada en primer lugar recibe dividendos, el impuesto DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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costarricense pagado por la sociedad que distribuye dichos dividendos, respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos. 3.

Cuando de conformidad con cualquier disposición del Acuerdo, las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante estén exentas de imposición en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas exentas a efectos de calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas de dicho residente. ARTÍCULO 23 NO DISCRIMINACIÓN

Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativo al mismo, que no se exija o que sea más gravoso que aquél al que estén o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante las disposiciones del Artículo 1, la presente disposición también es aplicable a las personas que no sean residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

Los impuestos que graven un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no podrán ser menos favorables en ese otro Estado que los aplicables a las empresas de ese otro Estado que se dediquen a las mismas actividades. Esta disposición no se interpretará en el sentido de que obligue a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante ninguna de las exenciones, desgravaciones y rebajas que a efectos fiscales conceda a sus propios residentes por su estado civil o cargas de familia.

Excepto cuando se apliquen las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 9, del párrafo 6 del Artículo 11 o del párrafo 6 del Artículo 12, los intereses, regalías y demás sumas pagadas por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante serán deducibles, a los efectos de determinar los beneficios imponibles de la empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del primer Estado.

Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital sea total o parcialmente poseído, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante, no estarán sujetas en el primer Estado a impuestos u obligaciones conexas distintos o más onerosos que los impuestos u obligaciones conexas a que estuvieren o pudieren estar sujetas otras empresas análogas del primer Estado.

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No obstante lo dispuesto por el Artículo 2, las disposiciones del presente Artículo se aplicarán a los impuestos de cualquier naturaleza y denominación. ARTÍCULO 24 LIMITACIÓN DE BENEFICIOS

Salvo que en el presente Artículo se disponga lo contrario, una persona (distinta de una persona física), que sea residente de un Estado Contratante y que obtenga ingreso del otro Estado Contratante tendrá derecho a todos los beneficios de este Acuerdo acordados para los residentes de un Estado Contratante, únicamente si dicha persona satisface los requisitos señalados en el párrafo 2 y cumple con las demás condiciones de este Acuerdo para la obtención de cualquiera de dichos beneficios.

Una persona de un Estado Contratante es una persona que cumple con los requisitos para un ejercicio fiscal únicamente si dicha persona es: a)

una entidad Gubernamental; o

b)

una compañía constituida en cualquiera de los Estados Contratantes, si:

c)

(i)

la principal clase de sus acciones se encuentra listada en un mercado de valores reconocido, definido en el párrafo 4 de este Artículo y son negociadas regularmente en uno o más mercados de valores reconocidos; o

(ii)

al menos el 50 por ciento de los derechos de voto o del valor de las acciones de la compañía sea propiedad directa o indirectamente de una o más personas físicas residentes en cualquiera de los Estados Contratantes y/o de otras personas constituidas en cualquiera de los Estados Contratantes, en las que al menos el 50 por ciento de los derechos de voto o del valor de las acciones o de la participación en los beneficios sean propiedad directa o indirectamente de una o más personas físicas residentes en cualquiera de los Estados Contratantes; o

una sociedad de personas o una asociación de personas, en la que al menos el 50 por ciento o más de la participación en los beneficios sea propiedad de una o más personas físicas residentes en cualquiera de los Estados Contratantes y/o de otras personas constituidas en cualquiera de los Estados Contratantes, en las que al menos el 50 por ciento de los derechos de voto o del valor de las acciones o la participación en los beneficios sean propiedad directa o

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indirectamente de una o más personas físicas residentes en cualquiera de los Estados Contratantes; o d)

una institución de beneficencia u otra entidad que se encuentre exenta para efectos fiscales, cuyas principales actividades sean realizadas en cualquiera de los Estados Contratantes.

Las personas mencionadas anteriormente no tendrán derecho a los beneficios del Acuerdo, si más del 50 por ciento del ingreso bruto de las personas en el ejercicio fiscal es pagado directa o indirectamente a personas que no sean residentes de ninguno de los Estados Contratantes mediante pagos que sean deducibles para efectos de determinar el impuesto comprendido en este Acuerdo en el Estado de residencia de la persona. 3.

Sin embargo, un residente de un Estado Contratante tendrá derecho a los beneficios del Acuerdo si la autoridad competente del otro Estado Contratante determina que dicho residente lleva a cabo activamente actividades empresariales en el otro Estado y que el establecimiento o adquisición o mantenimiento de dicha persona y la realización de dichas operaciones no ha tenido como uno de sus principales fines la obtención de los beneficios del Acuerdo.

Para efectos de este Artículo, el término “mercado de valores reconocido” significa: a) en México: la Bolsa Mexicana de Valores; y b) en Costa Rica: la Bolsa Nacional de Valores; c) cualquier otro mercado de valores que las autoridades competentes acuerden reconocer para efectos de este Artículo.

Ninguna disposición del Acuerdo, excepto por lo que respecta al Artículo sobre “Intercambio de Información”, será aplicable a las personas, residentes o sociedades: a)

cuyos ingresos se encuentren exentos o no sujetos a un impuesto en un Estado Contratante, o a los ingresos que se encuentren sujetos a imposición en este Estado obtenidos a una tasa menor que la tasa aplicable al mismo ingreso obtenido por otras personas, residentes o sociedades de este Estado que no se beneficien de esa exención o tasa; o

b)

cuyos ingresos obtenidos les sea aplicable una deducción, devolución u otra concesión o beneficio que se establezca directa o indirectamente en relación con ese ingreso, distinto al acreditamiento del impuesto extranjero pagado, y que no se otorgue a otras personas, residentes o sociedades de este Estado. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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Antes de que a un residente de un Estado Contratante se le niegue la desgravación fiscal en el otro Estado Contratante debido a lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán mutuamente. Asimismo, las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán consultarse mutuamente con respecto a la aplicación de este Artículo.

Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán a un Estado Contratante aplicar sus disposiciones relacionadas con capitalización delgada y empresas extranjeras controladas (en el caso de México, regímenes fiscales preferentes). ARTÍCULO 25 PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o puedan implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Acuerdo, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de estos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo 23, a la del Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser presentado dentro de los tres (3) años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición que no sea acorde con lo dispuesto por el presente Acuerdo.

La autoridad competente procurará, si la objeción parece justificada y no puede llegar por sí misma a una solución satisfactoria, resolver el caso de común acuerdo con la autoridad competente del otro Estado Contratante, para evitar una tributación que no sea conforme con el presente Acuerdo. Todo acuerdo alcanzado se ejecutará de conformidad con los plazos establecidos en la legislación de cada Estado Contratante.

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes procurarán resolver de común acuerdo cualquier dificultad o duda que surja acerca de la interpretación o aplicación del Acuerdo. También podrán celebrar consultas entre sí para eliminar la doble tributación en casos no previstos en el Acuerdo.

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse entre sí directamente, incluso mediante una comisión mixta integrada por ellas mismas o por sus representantes, para llegar a los acuerdos a que se refieren los párrafos precedentes. Las autoridades competentes, por medio de consultas, elaborarán procedimientos, condiciones, métodos y técnicas bilaterales apropiados para facilitar la aplicación del procedimiento de acuerdo mutuo previsto en el presente Artículo. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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EXP. N.º 19.449

No obstante lo dispuesto en cualquier otro tratado del que los Estados Contratantes sean o puedan ser partes, cualquier controversia sobre una medida adoptada por un Estado Contratante, que se relacione con alguno de los impuestos comprendidos en el Artículo 2, o en el caso de no discriminación, cualquier medida fiscal adoptada por un Estado Contratante, incluyendo una controversia sobre la aplicabilidad del presente Acuerdo, deberá ser resuelta únicamente de conformidad con el Acuerdo, a no ser que las autoridades competentes de los Estados Contratantes acuerden otra cosa. ARTÍCULO 26 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la información que previsiblemente sea relevante para aplicar lo dispuesto en el presente Acuerdo o para la administración o ejecución del derecho interno, relativa a los impuestos de cualquier naturaleza y denominación establecidos por los Estados Contratantes, por sus subdivisiones políticas o administraciones o entidades locales, en la medida en que la imposición exigida en el mismo no sea contraria al Acuerdo. El intercambio de información no está limitado por los Artículos 1 y 2.

Cualquier información recibida de conformidad con el párrafo 1 por un Estado Contratante será mantenida secreta al igual que la información obtenida con base en el derecho interno de este Estado y solo se revelará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la determinación o recaudación de los impuestos a que se refiere el párrafo 1, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos, de la resolución de los recursos relativos a los mismos, o de la vigilancia de todo lo anterior. Dichas personas o autoridades solo utilizarán esta información para tales propósitos. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. No obstante lo antes dispuesto, la información recibida por un Estado Contratante podrá utilizarse para otros fines cuando dicha información pueda ser utilizada de esa forma de conformidad con la legislación de ambos Estados y la autoridad competente del Estado que proporciona la información autorice dicho uso.

En ningún caso las disposiciones de los párrafos 1 y 2 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a: a)

adoptar medidas administrativas contrarias a la legislación y práctica administrativa de éste o del otro Estado Contratante;

b)

suministrar información que no se pueda obtener según la legislación o en el ejercicio de la práctica administrativa normal de éste o del otro Estado Contratante; DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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c)

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suministrar información que revele cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional o procedimientos comerciales, o información cuya revelación sería contraria al orden público (ordre public).

Cuando la información sea solicitada por un Estado Contratante de conformidad con el presente Artículo, el otro Estado Contratante utilizará todas las medidas de recopilación de información para obtener la información solicitada, incluso si el otro Estado no necesita dicha información para sus propios efectos impositivos. La obligación a que se refiere la oración anterior está sujeta a las limitaciones del párrafo 3 pero en ningún caso, dichas limitaciones deberán interpretarse en el sentido de permitir que un Estado Contratante se niegue a proporcionar información únicamente porque no tiene un interés interno sobre la misma.

En ningún caso, las disposiciones del párrafo 3 deberán interpretarse en el sentido de permitir que un Estado Contratante se niegue a proporcionar información únicamente debido a que la misma está en poder de un banco, otra institución financiera, beneficiario u otra persona que actúe en calidad de agente o fiduciario, o porque dicha información se relaciona con la tenencia de una participación en una persona. ARTÍCULO 27 MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a los privilegios fiscales de que gocen los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares en virtud de los principios generales del derecho internacional o de las disposiciones de Acuerdos especiales. ARTÍCULO 28 ENTRADA EN VIGOR Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de la vía diplomática que se han cumplido los procedimientos requeridos por su legislación interna para la entrada en vigor del presente Acuerdo. El Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última de dichas notificaciones y sus disposiciones surtirán efectos: a)

respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o acreditadas a partir del primer día de enero del año calendario siguiente a aquél en que entre en vigor el presente Acuerdo;

b)

respecto de otros impuestos, en cualquier ejercicio fiscal que inicie a partir del primer día de enero del año calendario siguiente a aquél en que entre en vigor el presente Acuerdo. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

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ARTÍCULO 29 TERMINACIÓN El presente Acuerdo permanecerá en vigor a menos que un Estado Contratante lo dé por terminado. Cualquier Estado Contratante podrá dar por terminado el Acuerdo, a través de la vía diplomática, dando aviso de la terminación al menos con seis (6) meses de antelación al final de cualquier año calendario siguiente a la expiración de un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigor. En ese caso, el Acuerdo dejará de surtir efectos: a)

respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o acreditadas, a partir del primer día de enero del año calendario siguiente a aquél en que se realice la notificación de terminación;

b)

respecto de otros impuestos, en cualquier ejercicio fiscal que inicie a partir del primer día de enero del año calendario siguiente a aquél en que se realice la notificación de terminación.

EN FE DE LO CUAL, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Acuerdo. HECHO en la ciudad de Washington, D.C., EUA el doce de abril de dos mil catorce, en dos originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por los Estados Unidos Mexicanos

Luis Videgaray Caso Secretario de Hacienda y Crédito Público

Por la República de Costa Rica

Edgar Ayales Esna Ministro de Hacienda

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EXP. N.º 19.449

PROTOCOLO Al momento de suscribir el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta (en adelante el “Acuerdo”), los suscritos convienen que las siguientes disposiciones constituyen parte integrante del mismo. 1.

Para efectos del Acuerdo:

Los beneficios del Acuerdo no serán aplicables y cada Estado Contratante procederá de conformidad con su legislación interna si de la aplicación del Acuerdo se genera una doble no tributación de un mismo ingreso o ganancia. 2.

Para efectos del Artículo 6:

Se entiende que cuando la propiedad de acciones u otros derechos societarios en una sociedad atribuyan directa o indirectamente al propietario de dichas acciones o derechos societarios el derecho al disfrute de los bienes inmuebles poseídos por la sociedad, las rentas derivadas de la utilización directa, arrendamiento o uso en cualquier otra forma de tal derecho de disfrute, pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que los bienes inmuebles estén situados. 3.

Para efectos del Artículo 8:

Se entiende que los beneficios a que se refiere este Artículo no incluyen los provenientes del uso de cualquier otro medio de transporte. EN FE DE LO CUAL, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Protocolo. HECHO en la ciudad de Washington, D.C., EUA el doce de abril de dos mil catorce, en dos originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por los Estados Unidos Mexicanos

Por la República de Costa Rica

Luis Videgaray Caso Secretario de Hacienda y Crédito Público”

Edgar Ayales Esna Ministro de Hacienda

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EXP. N.º 19.449

República de Costa Rica Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Dirección General de Política Exterior

LINYI BAIDAL SEQUEIRA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

CERTIFICA:

Que las anteriores veintitrés copias, son fieles y exactas del texto original del “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta”. Se extiende la presente, para los efectos legales correspondientes, en la Dirección General de Política Exterior a las diez horas y quince minutos del veinte de noviembre del dos mil catorce.

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EXP. N.º 19.449

Laura Chinchilla Miranda Presidenta de la República de Costa Rica HACE SABER

Que por considerarlo conveniente a los Altos Intereses de la Nación, en uso de las facultades que les confieren la Constitución Política y las Leyes de la República, han tenido a bien conferir Plenos Poderes al señor Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda, para que a nombre y en representación del Gobierno de la República de Costa Rica, proceda a firmar el “Acuerdo entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta” y su respectivo Protocolo, a suscribirse en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América, durante el mes de abril del año 2014. EN FE DE LO CUAL, se extiende el presente Instrumento firmado de su mano, refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y autorizado con el Sello de la Nación en la Presidencia de la República, a los tres días del mes de marzo de dos mil catorce.

Laura Chinchilla Miranda

Enrique Castillo Barrantes Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

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EXP. N.º 19.449

República de Costa Rica Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Dirección General de Política Exterior

LINYI BAIDAL SEQUEIRA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

CERTIFICA:

Que la anterior fotocopia es fiel y exacta de los Plenos Poderes extendidos a los tres días del mes de marzo de dos mil catorce al señor Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda, para que a nombre y en representación del Gobierno de la República de Costa Rica proceda a firmar el “Acuerdo entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta”, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, durante el mes de abril del año dos mil catorce. Se extiende la presente, para los efectos legales correspondientes, en la Dirección General de Política Exterior a las diez horas y treinta minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce.

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EXP. N.º 19.449

Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil catorce.

Luis Guillermo Solís Rivera PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Manuel A. González Sanz MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

27 de enero de 2015

NOTA:

Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

Este texto es copia fiel del expediente N.º 19.449. Se respetan literalmente la ortografía, el formato y la puntuación del original, según lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su resolución N.º 2001-01508, de las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos de 23 de febrero de 2001.

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